Gobernar a dos manos

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La República

La mitadmasuno

30 de noviembre de 2018

Juan De la Puente

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que publicó este diario (LR) reporta datos sólidos respecto a la etapa julio-noviembre experimentada en nuestro país, un tiempo corto y turbulento, y cuyos desenlaces llegaron al final luego de, por lo menos, 25 grandes sucesos políticos y judiciales concentrados en octubre y noviembre.

La primera imagen que entrega este sondeo, compartida por la que brindó la encuesta de Ipsos días antes, es mixta: un liderazgo político descabezado que, sin embargo, no impide que el sistema se siga moviendo, en un cuadro donde emerge el solitario liderazgo del presidente de la República y la laboriosidad de una parte de la sociedad civil organizada. Solo de una parte.

La batalla iniciada en julio no ha terminado y hay espacio para más giros y sorpresas, especialmente por el dinamismo de los procesos a cargo de la fiscalía y el Poder Judicial y la debilidad de los actores políticos. Con todo, los primeros resultados -provisionales- no son superficiales. El presidente Martín Vizcarra ha consolidado una alta aprobación en los últimos meses (ahora en 57%) y el liderazgo alternativo, opositor o solo distante, ha consolidado una muy baja aprobación que alcanza el 20%, con la mayoría de líderes concentrando altas tasas de rechazo.

Esta imagen explica varios fenómenos más allá de la aceptación/rechazo. Segundas lecturas necesarias de las cifras invitan a pensar en dos variables decisivas: 1) la indiferencia (que puede también esconderse en el rechazo mismo o en el ítem “no conozco lo suficiente”) como un elemento del período que acaba el 9 de diciembre con el referéndum; y 2) el hartazgo de una opinión pública que, reconociendo positivamente la lucha contra la corrupción de los últimos meses, es consciente de que los políticos no le pueden entregar más resultados en otros aspectos.

Es probable que moleste leerlo, pero el primer dato de este período no es la demanda de cambio sino la resistencia al mismo (por favor no tirar piedras), la misma que se nutre de los intereses ubicados en las cúpulas de los partidos y de la mayoría de instituciones, y que también se alimenta de la falta de motivación de la sociedad. Sinceramente, a nueve días del referéndum, un hito histórico de la reforma, debo decir que esperaba más movimiento.

Estas variables anotadas –desconfianza y hartazgo- asoman en la encuesta del IEP tanto como empoderamiento de alguien ajeno a la política como el fiscal Domingo Pérez (¿recuerdan al juez Moro en Brasil y el fiscal Di Pietro en Italia?) y el aumento de la creencia social de que un outsider salvará al Perú. En la encuesta, el 48% cree que el líder que el país necesita es un personaje “opuesto a la política tradicional”, que “acabe” con los políticos existentes y comience “desde cero”.

Desde esas mismas variables incómodas, debe repararse en que el liderazgo presidencial de la agenda es sólido en números, pero el contenido de su aprobación resume una conexión precaria con la sociedad, sustentada por ahora exclusivamente en su papel en la lucha contra la corrupción. En tres áreas específicas de desempeño personal, proyecto de país, crecimiento económico y reconstrucción del norte, la presidencia no concentra respuestas aprobatorias. Luego, en la consulta sobre el desempeño del presidente en 15 sectores, es desaprobado ampliamente por lo menos en dos, seguridad ciudadana y salud, y aprobado ampliamente en educación.

Una interpretación de este cuadro indica que por ahora los peruanos le piden al presidente que se concentre en lo poco, pero urgente. Sin negar que este temperamento pueda ser posible, es necesario advertir que en la etapa que se inicia luego del referéndum, el presidente debería gobernar “a dos manos”, con una en la reforma y la otra en el gobierno cotidiano, sin ceder a la exigencia de enfocarse solo en lo segundo. En el mediano plazo, es igualmente riesgoso que se cancele el ciclo de reformas y que se desatienda el gobierno de todos los días. Son las exigencias de un momento crucial de nuestra gobernabilidad donde se confunde el volumen de lo que se puede perder con el volumen de lo que se puede dejar de ganar.

Casuística de la corrupción

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La República
La mitadmasuno
16 de noviembre de 2018
Juan De la Puente

La Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya acaban de publicar un interesante libro, El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales; los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios (KAS-UARM 2018. Lima, Tarea) que recoge una investigación de un equipo dirigido por Eduardo Vega Luna sobre el funcionamiento de la corrupción regional y local.

En el ámbito subnacional se desplegaron redes criminales que se desarrollaron rápidamente debido a la falta de control y a la facilidad con que coparon el sistema de justicia y los medios de comunicación, un ejemplo de lo cual fue la región Áncash en el gobierno de César Álvarez. Este fenómeno interactúa de modo más desembozado con otras modalidades de crimen organizado como la minería y tala ilegales, el narcotráfico y la trata de personas.

En el escenario nacional de la corrupción se registran cambios significativos respecto al número de casos, agrupando en ese título los delitos de peculado, colusión, cohecho, negociación incompatible, malversación y concusión, entre otros. Desde el año 2013 cuando se contabilizaron 2.500 casos, estos han escalado a 35 mil para finales del año pasado, con realidades muy diferenciadas cuando se desagregan los números a escala regional.

Por ejemplo, un grupo de regiones donde las denuncias han sido insistentes en los últimos años no experimenta una gran progresión en el número de casos. Se trata ejemplo del Cusco, donde se ha pasado de 1.611 a 1.732 en ese período, o en Cajamarca, que pasó de 1.012 a 1.139; no es el caso de Áncash donde los casos suman 3.160, el segundo lugar luego de Lima. En la capital, en cambio, los procesos han aumentado en el mismo período de 3.160 a más de 7 mil. Podría señalarse que en la capital se ubican varios casos “nacionales” o que otros fueron trasladados a la Sala Penal Nacional. Siendo todo ello cierto, no deja de tener razón la prevención de que en las regiones se lucha menos contra la corrupción.

En una mirada regional de la corrupción se advierte un panorama distinto respecto a los afectados, que son los municipios, la policía, los gobiernos regionales, los colegios y las universidades. Este cuadro nos devuelve a la realidad que los especialistas denominan la micro corrupción, la menos visible de ella, pero la que probablemente afecta más directamente la vida cotidiana de los peruanos. Esto explica que el 27% del total de casos de corrupción se refieran a municipios distritales, aunque hay otra cifra que merece también ser resaltada: 67 gobernadores y exgobernadores están implicados en procesos por delitos de corrupción, en 395 casos, de los cuales solo el 50% ha pasado de la investigación preliminar.

En la casuística regional asoman algunas realidades trasversales. La primera es la crisis de la contratación regional de obras públicas que el estudio identifica como “un proceso de alto riesgo” que se inicia en la falta de adecuación a los planes de desarrollo, el populismo en las prioridades del plan anual de contrataciones, la falta de calidad de los expedientes y la sobrevaloración inicial de las obras. La recomendación en este punto, ya advertido en otros estudios, es la reforma de los comités de selección, una alerta que ha lanzado también hace poco la Contraloría General de la República.

El estudio trae evidencias sobre el mito de las soluciones empleadas en los últimos años, especialmente la modalidad de administración directa. De hecho, en dos de las regiones estudiadas, la mayoría de obras paralizadas son de esta modalidad, en Cusco 192 y en Ayacucho 31. En este mismo contexto, se advierte la práctica del visto bueno de gastos adicionales que incrementan el costo de las obras o no aplicar las penalidades por los incumplimientos injustificados, ambas irregularidades de la mano de proceso de supervisión que a su vez no es fiscalizado por deficiencia institucional o porque forma parte de la trama corrupta.

Todos estos hallazgos son pertinentes a pocas semanas del inicio de nuevas gestiones regionales y locales que deberían tener desde su primer tramo políticas anticorrupción eficaces.

El día siguiente al 9 de diciembre

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La República

La mitadmasuno

9 de noviembre de 2018

Juan De la Puente

Es probable que el presidente Martín Vizcarra ya tenga una idea clara del post referéndum, ahora que es innegable que la consulta popular del 9 de diciembre será un punto de partida y no de llegada. En esa perspectiva, en dos de sus apariciones públicas recientes, se ha referido al diálogo y a los acuerdos, lo que parece indicar que Vizcarra pretende forjar un pacto como alternativa a la crisis.

Es muy bueno que lo intente. En el presidente Vizcarra, la idea de un diálogo parece concretarse en un acuerdo de alcance mayor, y no es la primera vez que se refiere a su importancia. Lo hizo en su discurso de toma de mando en marzo pasado, y hace poco ha tomado forma en el anuncio de un pacto social “para generar desarrollo y combatir la corrupción”. El presidente añade que este pacto es principalmente con el pueblo, con un calendario inicial: se iniciará en diciembre de modo directo con las fuerzas políticas para trazar una agenda común luego de que culmine su recorrido nacional.

No rechazar la posibilidad de un acuerdo político luego del 9 de diciembre es señal de que la puerta que Vizcarra ha abierto con audacia a propósito de los audios del CNM, no será cerrada. También indica que por delante se tiene un modelo de diálogo distinto al que formuló Keiko Fujimori poco antes de ser sentenciada a prisión preventiva, es decir, un diálogo bipartidista o Ejecutivo/Legislativo para evitar el ruido político.

En ciernes se encuentra entonces la posibilidad de un acuerdo impulsado por el Gobierno con todas las fuerzas políticas, los actores sociales y la nueva representación regional y local surgida de las elecciones de este año, para hacer sostenibles los cambios y para profundizarlos. De concretarse esta perspectiva significaría una salida ordenada a la crisis y la posibilidad de que la etapa de reformas vaya mucho más allá del 9 de diciembre, y que no se pierda en el horizonte del año próximo, en un país donde el corto plazo conspira contra los consensos del largo plazo.

Es desafiante imaginarse el día siguiente del referéndum en un escenario al mismo tiempo desordenado y en movimiento, y a veces más lo primero que lo segundo. El saldo del mes de octubre, el más turbulento de las últimas décadas, con una veintena de hechos políticos y judiciales que se sucedieron y mezclaron, no es solo la imagen de un país que bulle con inquietud, sino de un sistema consistente que se resiste al cambio.

La doble naturaleza de este período –un hervidero con resistencia a las reformas- conduce a que la primera previsión se refiera a los límites de cualquier diálogo. Desde el año 2000, el Perú es un territorio de acuerdos y guerras, solo que los acuerdos son cada vez más específicos y las guerras más frecuentes, largas y sin logros sistémicos. Esta dicotomía entre los pequeños pactos y las grandes divisiones obliga al Gobierno a mantener la iniciativa de un diálogo nacional y liderar la agenda. De hecho, si el 9 de diciembre votaremos en un referéndum es, precisamente, porque los políticos no se pusieron de acuerdo durante largos años sobre aspectos cruciales de nuestro sistema.La pregunta sobre el papel del Congreso en esta etapa es importante. Desde julio, el Parlamento ha desempeñado un rol opuesto al cambio con los resultados ya conocidos. Las reformas que los peruanos votarán y/o rechazarán en el referéndum han sido formuladas en un intercambio áspero con este poder del Estado. Ahora mismo, el Parlamento tiene en sus manos media docena de proyectos de ley sobre la reforma judicial enviados por el Gobierno en agosto, y tendrá que debatir otros más luego del 9 de diciembre.

La última pregunta sobre el diálogo es sobre la profundidad del pacto, y si los cambios implicarán nuevas y más complejas reformas constitucionales. En este punto también se tiene novedades; la posibilidad de grandes reformas a la Constitución despierta menos sobresaltos que antes, al tiempo en que crece la certeza en una parte del liderazgo del país y en las instituciones de que sin un pacto constitucional ningún ciclo de cambios será sostenible. En el Perú, ya no es posible un ciclo reformista sin cambios constitucionales de gran calado.

¿No quieres un Bolsonaro?

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La República

La mitadmasuno

2 de noviembre de 2018

Juan De la Puente

El país se agita con los resultados judiciales de una crisis cincelada durante varios años. Contra lo que afirma la crítica a las decisiones judiciales contra la dirigencia de Fuerza Popular, y aun antes cuando estas involucraron a Ollanta Humala y Nadine Heredia, no son sentencias politizadas sino resoluciones que operan como desenlaces de procesos complejos donde las instituciones demoraron cambios, evitaron regulaciones o cubrieron zonas oscuras.

Fuerza Popular ha sido derrotada en la parte final de este proceso por los tribunales y no por variables políticas, lo que no les resta prestancia a los fiscales y jueces, sino que eleva la épica de un sistema donde la política pura y dura no puede producir grandes rupturas.

Los más optimistas creen que el derrumbe de Fuerza Popular no se llevará a nadie más. En esa confianza subyace la certeza de que esta crisis “es de otros”. Eso creían los líderes de los partidos distintos al PT en Brasil y al PRI en México, hasta que se dieron cuenta, incluso antes de las elecciones, que las crisis de régimen político son de todos y afectan a todos. Especialmente a los desprevenidos y a los que no aprovechan las grandes oquedades que ofrece la historia y terminan devorados por ellas.

¿No les parece extraño que, en plena hecatombe de Keiko Fujimori ningún líder alternativo obtenga por lo menos 20% de aprobación, aunque el 52% demande el cierre “de una vez” del Congreso, según la reciente encuesta del IEP? Las respuestas que pretenden explicar este registro, de que el 71% de los que piden el cierre del Congreso no están interesados en la política, o que dos tercios de ellos no tienen educación superior, no atienden el tema de fondo actual: más allá de los tribunales, se aprecian muy pocas salidas claras por ahora.

La derrota de Fuerza Popular ha iniciado un reordenamiento de fuerzas; en una primera diferenciación se ubican las que desde la derecha empresarial y política apuestan por un diálogo como armisticio entre el Gobierno y Fuerza Popular, y quienes se resisten al contacto hasta que se produzca un desenlace en el Congreso. Esa diferenciación no es la única; existe una demanda puntual de la renuncia o destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que encuentra a un sector parapetado en el relato inmovilista de “no hay que pelearse más” o “estamos destruyendo al país”.

Lo que ha traído a Bolsonaro al poder en Brasil no es la confrontación; fueron los 28 años de corrupción del régimen democrático y la debacle de la última esperanza de cambio elegida el 2002, la del PT, que naufragó en esa corrupción y en la falta de reformas profundas en un país pobre y desigual. Lo que evitará en el Perú una salida autoritaria en el mediano plazo no es el abrazo de las elites para evitar el cambio, sino una fuerte promesa de reforma.

¿No quieres un Bolsonaro? Entonces realiza cambios. Desde este ángulo del análisis, la segunda diferenciación que avanza a instalarse como la más decisiva conforme se acerque el referéndum es entre los satisfechos por lo logrado hasta ahora y que apuestan por una rápida normalización, y quienes sostienen, aún tibiamente, la necesidad de abrir una segunda etapa de reformas y dar curso a un programa de cambio en el contexto de un diálogo social intenso, transformado el momento plebiscitario en un momento constituyente.

La tendencia que más cerca se encuentra de una oferta que no les cierre la puerta a las reformas luego del 9 de diciembre son los grupos liberales democráticos y la izquierda, junto a un abanico de movimientos sociales y regionales. Para que este programa sea viable es decisivo el papel que decida desempeñar el presidente Vizcarra. De él depende en gran medida que el año 2021 el Perú no experimente un efecto Bolsonaro.

Ha terminado una etapa donde, sin proponérselo, los tribunales han desempeñado el rol de fuerza motriz del cambio –otro rasgo del libreto brasileño– y se inicia otro donde lo judicial, siendo importante, no es el eje de la política cotidiana. Es la hora de un pacto constituyente, de las nuevas fronteras de la democracia; el país no puede darle tregua a la crisis.