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lunes, 8 de octubre de 2018

Elecciones regionales y locales, preguntas nacionales

Por Juan De la Puente
Los resultados de las elecciones del 7 de octubre proponen preguntas que deberían ser respondidas sin acudir al recurso fácil de que no son relevantes al no tratarse de comicios generales. Entre las interrogantes, tres son cruciales: 1) lo sucedido con los partidos “nacionales”, especialmente Fuerza Popular y las bajas votaciones de los candidatos en todo el país; 2) el triunfo de Muñoz y derrota de Urresti en Lima; y 3) la elección de candidatos acusados de corrupción.
Sostengo, a tono con lo que señalan hoy en La República Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodrich, que estos resultados deberían leerse en una clave nacional, y no local; política, y no vecinal; y orgánica, y no coyuntural.
Empecemos. Descontando el desempeño muy relativo de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), los partidos nacionales han sufrido un duro revés que se mide en dos tiempos. En un primer momento casi todos fueron colonizados por caudillos locales sin partido a los que le entregaron su representación, y en un segundo momento fueron derrotados en las urnas, con algunos triunfos matizados. Esta tendencia es aplicable incluso a Lima, donde las victorias de Muñoz y la docena de candidatos de ese partido son básicamente individuales.
De las 25 regiones, los partidos nacionales ganaron solo en 8 (APP en Cajamarca, La Libertad, Ucayali, Pasco y San Martin; AP en Cusco; Podemos en Lambayeque; y Restauración Nacional en Loreto), y en 5 regiones en primera vuelta (La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali y San Martin), con la precisión de que estos candidatos –a excepción de Mesías Guevara de Cajamarca y Manuel Llempén en La Libertad- son independientes fichados por los partidos para estas elecciones.
En tanto, en 17 regiones ganaron listas independientes, que la ley llama movimientos regionales, 6 en primera vuelta (Callao, Ica, Huancavelica, Junín, Moquegua y Puno). En 5 casos, los partidos nacionales disputaran la segunda vuelta regional.
A los partidos puede haberles ido mejor en los municipios provinciales, pero el cuadro general es de retroceso respecto las elecciones de los años 2006, 2010 y 2014, considerando el esfuerzo que realizaron varios grupos para presentarse en más circunscripciones y el haber contado los últimos dos años con financiamiento público.
El golpe más duro es para Fuerza Popular (FP), por el dato electoral precedente (el 2016 ganó en 15 regiones, con el 39% de votos del total nacional, es decir 6 millones de sufragios); el grado de participación (presentó listas en 17 regiones, 82 provincias y 514 distritos) y el nivel de movilización alcanzado.
¿Es comparable este golpe con el sufrido por PPK, el Apra, el PPC o la izquierda nacional? Desde un ángulo objetivo –es decir, el punto de partida y las posibilidades- obviamente que no.
Imposible desligar este resultado para FP de la caída de la aprobación del partido, su líder y el Congreso, y de las sucesivas derrotas sufridas por su estrategia de tensión, especialmente en los últimos seis meses. El fracaso electoral del fujimorismo no parece ser coyuntural, si se toma en cuenta el proceso de construcción partidaria durante 8 años, y su narrativa respecto a su organización, cohesión y representación popular.
La derrota descubre la falla estructural de un partido organizado hacia adentro y de arriba hacia abajo, con decenas de líderes que han perdido conexión con la sociedad, una errada táctica de privilegiar la guerra política subestimando la cooperación, y una dinámica legislativa populista en lo económico y conservadora en lo social. En resumen, los ciudadanos han rechazado la deriva ultraderechista de Fuerza Popular.
Las bajas votaciones en buena parte de regiones son efecto de la creciente ilegitimidad de la oferta, más que de la fragmentación de las candidaturas.
En un grupo de regiones, los candidatos se ubican cerca entre el 20% y 30% de votos emitidos (Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Pasco, M. de Dios, Piura y Tumbes). En otros, preocupa que no lleguen al 20% (Arequipa, Huánuco y Lima Provincias); y es más grave que en tres regiones apenas superen el 15% de votos (Ancash, Cusco y Tacna).

Si comparamos estas bajas adhesiones con las elecciones anteriores, encontramos plazas electorales con una representación autodestruida, a lo que se agrega altas tasas de votos blancos/viciados (Ancash 28%; Tumbes 24%; Cusco 23%; Arequipa, Cajamarca y Piura, 22%), y un ausentismo creciente respecto de otros procesos electorales (Huánuco 24%; y Ancash, Cajamarca, Callao y Tumbes, 22%).

sábado, 29 de septiembre de 2018

Nuestro momento plebiscitario

https://larepublica.pe/politica/1322491-momento-plebiscitario
La República
La mitadmasuno
21 de setiembre de 2018
Por Juan De la Puente
El país vive un momento plebiscitario; los ciudadanos desean intensamente participar directamente en los cambios. La reciente encuesta de Ipsos reporta que 8 de cada 10 peruanos cree que se deben de recoger firmas para forzar las reformas, y aunque un porcentaje menor se declara dispuesto a firmar los planillones que exijan la consulta ciudadana, no hay nada más popular estos días que votar para cambiar.
La lógica plebiscitaria está en ascenso; dos tercios de peruanos cree que el referéndum debe realizarse este año, aunque poco más de la mitad piense que efectivamente se llevará a cabo. Estas cifras contrastan con el 60% que no iría a votar en las elecciones del 7 de octubre si el voto no fuese obligatorio, o el 50% que declara que ninguna opción política le convence.
Se podría pensar que el ánimo plebiscitario estaba dormido y que solo faltaba despertarlo, y que en la sociedad anida un potente impulso por la democracia directa. Esta presunción no se condice con los escasos resultados de otras formas de participación como la revocatoria, la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, los pedidos de cabildos abiertos o los consejos de participación regional y local.
Nuestro momento plebiscitario es hijo de la larga e irresuelta crisis y de la desafección a la política. El hartazgo se ha transformado en referéndum como expresión de rechazo a la política más que una opción y una forma de recuperar el poder. Los peruanos quieren votar porque creen que ahora es la única vía del cambio, la última posibilidad de ajustar cuentas con la corrupción, la ineficiencia, la desigualdad y la injusticia.
Sería injusto condenar ese deseo o cerrar ese camino, o desperdiciar su condición de ángulo prometedor y crucial para incentivar el retorno de los ciudadanos a la política. Por la misma razón, debería ser utilizada con escrúpulo democrático y rechazar la tentación de contraponer el referéndum a los partidos, las instituciones, la representación y la sociedad organizada.
Nuestro momento plebiscitario es atípico. En otras experiencias, las consultas populares son la culminación de un debate, el resumen de una controversia que ha recorrido un camino cotejando argumentos y polémicas, y por eso se impone la disyuntiva de escoger. En nuestro caso, las reformas institucionales que serían votadas en diciembre fueron muy relativamente debatidas en la élite, pero expresamente fueron excluidas de los grandes debates de las últimas dos décadas, inclusive por la izquierda y los movimientos sociales. Si en otros casos, el referéndum es un punto de llegada, en nuestro caso es de partida.
Lo ideal sería que nuestro momento plebiscitario sea acompañado de un momento constituyente. En una etapa exclusivamente plebiscitaria, las consultas populares con poco debate son excepcionales oportunidades para que las masas ataquen el poder, pero no para transformarlo. Las experiencias recientes indican que al poder no la va bien en la consulta de los grandes temas de Estado (ahí están los catastróficos resultados de los referéndum en Colombia, Italia y Gran Bretaña), en tanto que les va mejor cuando se trata de recortar los poderes de los políticos o de sancionar. En Ecuador, en el referéndum de febrero de este año, el presidente Lenin Moreno ganó con más del 60% en las 7 preguntas, y la que obtuvo mayor respaldo fue la que proponía sancionar a toda persona condenada por actos de corrupción con la inhabilitación para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes.
Es por supuesto muy estimulante la evolución de la opinión pública al punto en que el periodo actual significa una primera arremetida reformista contra el régimen de la antipolítica en 25 años, un proceso en el que resaltan la adhesión a la bicameralidad por primera vez mayoritaria y el enfoque de género en la representación.

Aun así, se aprecian dos corrientes de cambio que no se han encontrado todavía, la primera, la del Gobierno y la academia, limitada y plebiscitaria y la segunda, que aspira a un cambio constitucional más profundo.

Cuatro rupturas a la vista

https://larepublica.pe/politica/1317800-cuatro-rupturas-vista
La República
La mitadmasuno
14 de setiembre 2018
Juan De la Puente
A dos meses del inicio de un nuevo periodo crítico no se tienen a la vista las condiciones que permitan una salida al corto plazo, de modo que este escenario se prolongará, por lo menos, hasta fin de año, aun si, como las tendencias lo perfilan, se lleve a cabo en diciembre el referéndum aprobatorio de la reforma del CNM.
El principal efecto de la prórroga de esta crisis en su estado puro –Gobierno vs. Congreso- será su contagio de todos los actores públicos. Los hechos iniciales de esta “contaminación” están en curso: se aprecian por lo menos otras cuatro rupturas dentro del sistema, que acompañan el conflicto mayor, o que lo visten, una detonación de cuerpos cuyos pedazos deberán ser recogidos y pegados en algún momento. Si se puede.
La primera es la ruptura entre la política nacional y la local/regional. Conmueve el esfuerzo que realizan los candidatos, salvo excepciones, para tender un cordón sanitario alrededor de los temas nacionales y evitar los mensajes políticos. Esta es la décimo segunda elección municipal/regional desde 1980 y la más despolitizada, cuyo resultado serán gobiernos locales y regionales silvestres surgidos en medio del desorden y pánico, y sin grandes compromisos y cuentas que rendir. En Lima, el emblema de esta ruptura es el candidato a la alcaldía de Lima que representa a un partido inscrito a través de una operación mafiosa y acusado él mismo de asesinato y violación sexual, aunque cada región tiene su emblema propio, o más de uno.
La segunda ruptura es entre la sociedad y la élite. La primera quiere guerra política y la segunda se debate entre la guerra y la paz. La sociedad apuesta por soluciones duras –que se vayan todos, no reelección, cierre del Congreso, cárcel para todos- en tanto que la élite intenta racionalizar la confrontación, pero sin cronogramas y planes estratégicos a la mano. No obstante, la guerra total al sistema desde la sociedad aún carece de generales, en tanto que los bandos en pugna “arriba”, incluso los más esclarecidos, demoran en proyectar un imaginario atractivo que aproveche la riqueza de la relación corrupción-cambio de esta etapa. En ese contexto, la creación de la Asamblea Ciudadana y de la Red Cívica por el Referéndum son aciertos que atienden al principal rasgo de esta crisis respecto de la que terminó con la caída de PPK: la primera vez desde la caída de Fujimori en que el centro de la discusión es un cambio muy profundo y urgente.
La tercera ruptura son las guerras civiles al interior del sistema. En relación al servicio de justicia, el organismo más impactado es la fiscalía, aunque en el Poder Judicial madura una crisis que se dinamizará cuando a fin de año se elijan a los nuevos presidentes de la Corte Suprema y de las cortes superiores. En lo más estrictamente político, la mayoría de partidos es sacudido por una disputa entre las bases y la dirección o entre las dirigencias, cuyo episodio más reciente –no será el único- son las declaraciones de Alfredo Barnechea contra Raúl Diez Canseco, de modo que, al prolongarse este escenario, no mejorarán las opciones electorales de los grandes candidatos de cara al 2021. En ese sentido, sí tiene algún asidero la presunción de que las batallas políticas del periodo 2016-2018 debilitarán a todos los contendientes y no solo a los que creen haber ganado.

La cuarta ruptura es entre el mercado y la política. La suma de la crisis enero-marzo y la que se inició le podrían costar a la economía dos puntos de crecimiento del PBI. Una respuesta fácil sería afirmar que igual creceremos 4% y que, con crisis o sin ella, los precios de los metales son el principal dinamizador de nuestro crecimiento. Esta respuesta complaciente no toma en cuenta que 6% es siempre más que 4%, y que la confianza de los consumidores y empresarios, o las expectativas de contratación de personal (BCR), operan a la baja, aunque el crecimiento de este año no será providencial para efectos de esta crisis, en la medida que impide a los empresarios tomar partido por una de las partes involucradas en el conflicto.