La República
La mitadmasuno
22 de junio de 2018
Juan De la Puente
Una mirada inicial a las candidaturas para las elecciones
regionales y municipales de octubre próximo arroja cambios en la
formación de las opciones y notifica del agravamiento de la crisis de los
partidos.
En términos absolutos se aprecia el incremento de la
falta de cobertura nacional de los partidos. Salvo Alianza para el
Progreso (presente en 25 regiones, 184 provincias y 1309 distritos)
y de Acción Popular (22 regiones, 156 provincias y 962 distritos) los grupos
denominados nacionales no logran presentarse en el 50% de las regiones, y han
presentado listas en poco más de un tercio de municipios provinciales y en
alrededor de un quinto de municipios distritales.
Los partidos parecen haber llegado a la conclusión de
que sus fuerzas les permiten asumir limitadamente solo el ámbito regional; de
las 367 listas presentadas a las regiones, 265 son de los partidos y 102 de los
movimientos regionales. En cambio, las provincias y distritos han sido
“abandonados” en manos de los movimientos regionales, considerando la ley
aprobada por el Congreso
el año pasado que estrecha la presencia de los movimientos locales.
Esa presencia limitada de los partidos, es todavía más
precaria debido al fichaje de candidatos a gobernadores regionales y alcaldes
independientes, de modo que crece sustantivamente el número de listas vientres
de alquiler. Un ejemplo perfecto es Lima, donde 11 de los 21 candidatos que
pretenden competir por la alcaldía metropolitana no pertenecen al grupo político
que los llevan en sus listas.
¿Qué ha pasado con los militantes? Se acentúa el
proceso iniciado años atrás que, ante el incremento del costo de las campañas y
la destrucción del tejido partidario, entrega los lugares más destacados en las
listas a quienes tienen más dinero o quienes resultan más conocidos por razones
extra políticas. El militante es ya un
ciudadano de segunda categoría dentro de su partido.
Esta dinámica combinada de debilidad partidaria y
arremetida interna y externa del poder económico con propósitos electorales,
arroja un cuadro donde predomina la imagen del asalto de las regiones y
municipios por fuerzas incontroladas carentes de vocación orgánica con el
régimen democrático. Si a lo descrito se agrega la prohibición de la reelección
de alcaldes y gobernadores regionales, el sueño del “que se vayan todos” se va
haciendo realidad. Es la renovación indeseable y retrógrada. Se van los
partidos, los militantes, los grandes movimientos regionales y las élites
comprometidas con la descentralización. Y se quedan o vienen los aventureros y
el dinero.
La revisión de nombres arroja algunas conclusiones
preliminares. Las más importantes reportan la presencia de candidatos
cuestionados por desempeños anteriores, incluido el manejo oscuro de los recursos
públicos, que retornan a la competencia arrastrando procesos judiciales (los
casos de Ancash, Junín, Huánuco, Cusco, Puno, Cajamarca); candidatos que saltan
de las regiones a los municipios o viceversa en un carrusel de pactos
sospechosos con enemigos irreconciliables; candidatos que lo son a costa de
fracturar los partidos existentes; y el retorno de políticos nacionales a las
“ligas menores” sin haber destacado en la representación parlamentaria.
Este proceso no tendría lugar si no estuviera acompañado
de un vaciamiento de programa. He revisado las propuestas de los candidatos en
algunas regiones y en Lima y la conclusión es la ausencia de ideas fuerza,
inclusive de la promesa de obras como sustituto del programa electoral. El “que
se vayan todos” se ha interpretado como que se vayan también las ideas y sean
reemplazadas por la nada. El que tiene
dinero habla como quiere, y si no quiere, solo hace campaña sin ideas. En
este contexto, es presumible que la campaña electoral sea principalmente un
acto permanente de contracampaña, y que los elegidos no se sientan obligados
por los electores a asumir determinados compromisos y, por lo tanto, tengan las
manos libres para hacer lo que les plazca desde el cargo que ocupen.
