viernes, 30 de mayo de 2014

La corrupción y la "otra cosa"

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-corrupcion-y-la-otra-cosa-30-05-2014
La República
La mitadmasuno
30 de mayo de 2014
Juan De la Puente
Me pregunto cuál será el destino de esta cada vez más intensa demanda contra la corrupción cuya rotundidad han empezado a recoger los sondeos de opinión. Como hace 14 años la sociedad es sacudida por un indignado repudio a un sistema tramposo que se descompone por capítulos. Como aquella vez, una entrega tras otra, se va formando un macizo sentido común que llama a otra cosa.
Esa “otra cosa” sin embargo no aparece con claridad, sobre todo por las diferencias entre la indignación de hace 14 años y la de ahora. Aquel momento fue especial debido a la confluencia de factores que definieron un discurso social y una práctica política alternativa.
Estos factores fueron: 1) la crítica de los partidos democráticos al autoritarismo; 2) las audaces revelaciones de la prensa independiente contra el poder oscuro; y 3) el activismo político de una sociedad civil movilizada, cuya mayoría poco antes se había emancipado del fujimorismo.
Tampoco es posible imaginarse ese período sin el escandaloso despliegue de recursos extremos y abusivos en favor de la reelección que expusieron ante la opinión pública la asociación corrosiva entre el autoritarismo y la corrupción, y que generaron una reacción ética.
La actual indignación anticorrupción carece de esos atributos. La primera ausencia es la de una política democrática opuesta a la corrupción, sea porque varios partidos aparecen asociados a ella, o porque los que aparentemente no lo están guardan un silencio enfático; en líneas generales, salvo una que otra declaración, se tiene la impresión de que la corrupción es un problema del Estado pero no de la democracia, de sus partidos y de sus hombres, una emanación maligna que pertenece a otro mundo, a excepción del monotema sobre que la descentralización fue apresurada.
Luego, siendo relevante el desempeño de los medios en los destapes de sonados casos y con mayor diligencia que algunas instituciones, es también evidente que buena parte de la prensa trata este crucial momento desde una perspectiva policial/penal y poco rigurosa para ahondar en el descalabro de los sistemas de control nacionales y en el fracaso de la representación vía el fraude de los elegidos.
A la prensa le debemos la “chimbotanización” de este momento, a pesar de que 19 presidentes regionales están comprendidos en 158 casos de corrupción, y el olvido de sonadas denuncias “nacionales”, entre ellas de 5 parlamentarios pillados con las manos en la masa. Luego de 70 días del asesinato de Ezequiel Nolasco, el hecho que despertó al país, no tenemos un mapa de la corrupción pública.
A esta indignación ciudadana le falta pueblo y movimiento o, para ser precisos, una sociedad civil activa y decidida en su demanda de transparencia. La falta de epopeya se debe a la falta de actores sociales, más allá de la figura emblemática de Fiorella Nolasco, significativamente solitaria. Sin duda los ciudadanos están molestos e indignados con la corrupción pero en su conjunto el país carece de una razón motivadora.
Sería prematuro afirmar que este síntoma nos remite al fin de la ilusión democrática. No obstante, para los efectos contables esta corrupción va a la cuenta de la democracia cuyos líderes, partidos e instituciones emergieron o reaparecieron hace 14 años como una alternativa superior al autoritarismo con destellantes ofertas entre las que se encontraba la ética pública.
No me ilusiono demasiado; bajo estas premisas es comprensible que el actual humor de la opinión pública no se provea de mapas, faros y rutas, no se dirija a la otra cosa y se mueva en un escenario delimitado por los enfoques legalistas y controlistas de la mayoría de políticos y por una gestión informativa nada crítica de los procesos, instituciones y liderazgos.
Con un escenario cuyo eje es la ausencia de un juicio al modelo que genera la corrupción, la indignación con este formato “sin ilusión no hay movilización” podría terminar en un tsunami, algo violento y pasajero, pero que se lleve solo algunas personas y edificios institucionales.

viernes, 23 de mayo de 2014

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014
La República
La mitadmasuno
23 de mayo 2014
Juan De la Puente
De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.
Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.
La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.
Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.
Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.
La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.
No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.
De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?

miércoles, 21 de mayo de 2014

El ruego de Pitágoras

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ruego-de-pitagoras-16-05-2014
La República
La mitadmasuno
16 de mayo de 2014
Juan De la Puente
Cada mes se presentan al Congreso 80 proyectos de ley en promedio y si bien decrece su intensidad a poco de iniciarse el penúltimo año del período parlamentario, no deja de ser llamativo el febril afán legislativo. Una revisión de las iniciativas ofrece una ofensiva que desde el año 2011 y aun ahora presiona sobre algunas comisiones como Justicia, con 576 proyectos de ley, Constitución (387), Economía (375), Descentralización (311) y Educación (307).
Separando la paja del trigo se aprecia un grupo de proyectos micro y macro reformistas en lo social, político y económico que de ser aprobados impediría que se profundice la sensación de bloqueo al cambio en sede legislativa. No obstante, este activismo básicamente individual va en sentido contrario a la decreciente aprobación de normas de impacto significativo. La racionalidad parlamentaria camina por el sendero aprendido hace varios años, es decir, el que evita el debate de contenidos integrales y selecciona las incursiones legislativas más urgentes o menos transcendentes.
Un numeroso grupo de iniciativas se orientan a reformas políticas que se diferencian en tres áreas: 1) La reforma con incidencia en los partidos políticos, es decir, derechos de los militantes, funcionamiento de los comités, transfuguismo, padrón de afiliados, elecciones de cargos dirigenciales, financiamiento, ilegalidad de partidos no democráticos y vigencia de partidos regionales; 2) La reforma con incidencia en la formación de la representación y elecciones, es decir, inscripción de partidos, formación de alianzas, valla electoral, lista alternada de género, invitados, elecciones primarias para candidatos y sistema electoral; y 3) La reforma con incidencia directa en el sistema político y en el ejercicio de la representación y el poder, es decir, bicameralidad, revocatoria, no reelección inmediata en regiones y municipios, no reelección de congresistas, acoso político y control del crimen político.
Ahora escasean las voces que niegan la necesidad de la reforma. Los balazos de Áncash han sido decisivos; algunos de los anteriores resistentes han pasado de la negativa a la crítica de las propuestas que están sobre la mesa con una lógica de reformamos todo o nada, en tanto que otro grupo más racional incide en la necesidad de priorizar el primer ámbito y algunos elementos del segundo (partidos, financiamiento, transfuguismo y valla), dejando el resto para más adelante. En cualquier caso, ya es historia la idea predominante hasta hace poco entre políticos y académicos sobre que no se debe tocar el sistema político. De aquí en adelante, la reforma será una necesidad legítima que atravesará toda decisión sobre los partidos, la formación de la representación y el ejercicio de la representación.
En este nuevo momento es crucial el qué y el cómo y en esa dirección es evidente que el Congreso como institución ha agotado sus posibilidades por falta de voluntad política y de claridad para traducir la crisis de representación en medidas más allá de los intereses inmediatos de sus miembros. El Parlamento peruano es ahora el territorio de la contrarreforma; allí anida no solo el riesgo del inmovilismo que ya es preocupante sino el peligro del cierre de la puerta de entrada al sistema político. Es muy probable que este escenario cambie poco en el Congreso que se elija el 2016 si no se produce una intensa actividad en la sociedad y en los partidos. Como ya sucedió, los años 2001, 2006 y 2011, el nuevo Parlamento nos podría traer nuevos rostros con la misma cultura reticente a una nueva política y ajena al ruego de Pitágoras de ¡Oh legislador! No me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes.
Si la demanda de reforma política va en serio no debería esperanzarse en los proyectos de ley que se amontonan en el Legislativo. Es la hora que la sociedad, los actores políticos, los medios, la academia se propongan impulsar una demanda ciudadana que culmine en un debate obligado en el Congreso, luego de las elecciones del 2016, de cara a la sociedad y acaso en una consulta ciudadana.

viernes, 9 de mayo de 2014

Pobreza, democracia y brechas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/pobreza-democracia-y-brechas-09-05-2014
La República
La mitadmasuno
9 de mayo de 2014
Juan De la Puente
La reciente publicación de estudios referidos a la evolución de la pobreza ha renovado el debate sobre modelos y políticas. En los comentarios se aprecian sesgos ideológicos imposibles de evitar en un debate de esta magnitud, aunque este debería ser lo más racional posible bajo el riesgo de perder de vista elementos centrales de la discusión.
Una primera conclusión de los datos publicados por el INEI se refiere al valor social de la democracia, un régimen que nos ha permitido reducir en 12 años más de 30 puntos de pobreza, de 54,8% el 2001 a 23,9% el 2013. Esta reducción es histórica e innegable por su intensidad y resultado y comparable con las dos estrellas mundiales en materia de reducción de pobreza, Brasil y China, aún a pesar de las críticas al modelo de medición de la pobreza por el ingreso monetario.
Los porcentajes probablemente escondan que se trata de más de 8 millones de peruanos que dejaron la pobreza. Si la revisión de cifras se extiende a la pobreza extrema, la reducción ha sido de 24,4% el 2001 a 4,7% el 2013, un rango de casi 20 puntos, es decir, más de 5 millones y medio de peruanos.
Dudo de que este resultado se hubiese logrado con un gobierno autoritario, especialmente si se prolongaba el régimen político de los años noventa, cuya política social se sustentó en la compensación del ajuste, la restricción de la demanda, la recentralización del país y una escasa inversión pública. A su favor, sus defensores pueden exhibir varias razones, como el costo que implicó la estabilización de las cuentas macro, la crisis asiática que afectó los precios internacionales y, sobre todo, el principio cerrado que afirma que primero hay que crecer para luego distribuir.
Siendo de algún modo ciertas las dos primeras razones, es evidente que el auge de la década pasada no se encontró de casualidad con la redistribución. Fue un encuentro buscado por el imaginario portador de la propuesta democrática de esos años, que tuvo igualmente un imaginario social que portaba la demanda de derechos más legitimados. De hecho, no creo que las cifras que se exhiben podrían haberse alcanzado sin el proceso de descentralización, el antecedente a la intensa transferencia de recursos del centro a las regiones y municipios.
Otras tareas realizadas en estos años son resultado del régimen democrático, como el incremento de la cuota de autonomía del BCR y la expansión de la inversión privada, la demanda y el consumo, y la puesta en marcha de una nueva generación de programas sociales, algunos de transferencia directa, que en condiciones de un modelo político y económico cerrado habría sido más difícil echar a andar. En esa medida, la visión de piloto automático se relativiza notablemente.
La complacencia de estos resultados es, asimismo, nefasta. La primera conducta de este comportamiento es encerrarse en las cifras globales y negarse a mirar los desagregados y ser crítico con ellos. La revisión de estas cifras revela la persistencia de la pobreza rural en una dimensión que, contra lo que algunos afirman, supera el concepto de bolsón y adquieren la característica de una brecha. Los pobres en el Perú rural son el 48% y si bien este porcentaje ha bajado 5 puntos en un año, sigue siendo una cifra alevosamente alta. En la selva rural este porcentaje baja ligeramente a 42,6% y en la sierra rural este porcentaje se eleva al 52,9%.
Estas brechas son calientes si se comparan con las cifras de pobreza en la costa rural (29%), sierra urbana (16,2%) y Lima Metropolitana (12,8%), de modo que entre Lima y el Perú más pobre hay por lo menos una brecha de 35 puntos, aunque los pobres en ambos lugares no dejen por ello de ser pobres. Esta brecha alude directamente a la equidad, un indicador temido por lo que creen que con reducir la pobreza basta y sobra.
El actual ciclo de crecimiento económico y de reducción de la pobreza no será infinito y es probable que en algún momento se paralicen ambas tendencias. Cuando ello suceda será potencialmente explosivo para un país emergente como el nuestro, por citar un estimado, que la pobreza general se sitúe en 15% y la del Perú rural en 40%, o que Lima tenga 5% de pobres y Ayacucho 50%.

viernes, 2 de mayo de 2014

El ocaso de la segunda línea

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ocaso-de-la-segunda-linea-02-05-2014
La República
La mitadmasuno
2 de mayo 2014
Juan De la Puente
La reciente encuesta de GfK publicada por La República reitera la alta desaprobación de los tres órganos fundamentales del Estado convertida en endémica en los casos del Congreso y del Poder Judicial y por lo menos en recurrente en el caso del Ejecutivo. Descubre asimismo el contagio de la crisis del sistema político a la segunda línea del Estado, es decir, a los organismos constitucionalmente autónomos.
La aprobación del Tribunal Constitucional (26%) y de la Defensoría del Pueblo (39%) es baja, a lo que se suma la bajísima aprobación a la elección del nuevo Fiscal de la Nación (12%). Contrariamente, se ha incrementado la aprobación de la ONPE (59%), Jurado Nacional de Elecciones (45%) y el Reniec (68%). Es probable, asimismo que otros sondeos recojan una estimable aprobación del Banco Central de Reserva.
Los pesos muertos que arrastran hacia abajo la aprobación de varios organismos constitucionalmente autónomos son desde hace buen tiempo la corrupción, el delito en sus varias dimensiones, la administración de justicia y los conflictos sociales no resueltos, aunque en el caso de la Defensoría ha pesado decisivamente la demora de más de tres años del Congreso para elegir a su titular.
La brecha de legitimidad que se abre entre estos organismos es una mala noticia tomando en cuenta su papel crucial en el sistema político. En nuestro modelo constitucional, a pesar de que por su naturaleza no participan en el juego de poderes reservado a los “tres grandes”, estas instituciones son decisivas para la entrega de derechos, la organización de la vida pública y la defensa de la legalidad.
La situación de cuatro de estos organismos es delicada. El Ministerio Público es el más golpeado por una crisis interna y transversal que ha empezado a condicionarse con la ilegalidad externa. El TC está suspendido en el aire y opera en condiciones de causa finita a la espera de que el Congreso designe a seis de sus miembros, aunque esta omisión es solo la superficie de un problema que incluye sentencias invasivas y peligrosas. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está atravesado por disputas internas y la mayoría de sus miembros tienen entre sí un juego cada vez menos oculto de debe/haber; y la Contraloría ha sido desbordada por la micro y macro corrupción, dando la impresión que su sorpresa la ha paralizado.
Las crisis de estas instituciones en más de un caso expresa un agotamiento, un ocaso que debe resolverse con medidas de gran calado. Sería necesario imaginar, por ejemplo, una forma de elección del TC y de la Defensoría que no pase por el Pleno del Congreso sin obviar la necesidad de un alto consenso político, o que pasando por el Parlamento la elección no sea secuestrada por el juego de las bancadas; que se reduzca el carácter colegiado del Ministerio Público o que su titular tenga más poderes ejecutivos y deba su elección a otro órgano; que la Contraloría tenga facultades sancionadoras no de última ratio sino de uso más frecuente; y que el CNM sea más previsible, más transparente y menos sujeto al hoy por ti mañana por mí.
Esto tiene un nombre y se llama reforma institucional, un cometido que en las condiciones normales de un régimen democrático corresponde impulsar al mismo Congreso, recogiendo las evidencias de estos problemas sociales no resueltos y de un juego institucional bloqueado y en proceso de deterioro. No obstante, la crisis del Parlamento, su falta de legitimidad y de voluntad hace imposible albergar la esperanza de una iniciativa de esa envergadura. El modo cómo el Congreso aborda las demandas de reforma política, desde una perspectiva de conservación de las ventajas de sus integrantes y cerrando el sistema en lugar de renovarlo, es una muestra suficiente de lo que en este momento de la democracia peruana es capaz de realizar el Legislativo.
Quizás sea necesario pensar en un vasto movimiento cívico político que recoja con amplitud las expectativas de reforma en varios ámbitos del sistema político y proponer un referéndum que alcance el cambio ya no con ellos sino a pesar de ellos.